La norma crea la figura del acusador privado, que consiste en que un ciudadano afectado pueda “adelantar la investigación y acudir, mediante apoderado, ante el juez para llevar a cabo el juicio”, en procesos pequeños por delitos querellables como lesiones personales, injuria, calumnia, abuso de confianza y estafa por cuantías menores a 150 salarios mínimos mensuales ($ 103’418.100), explica el Ministerio de Justicia.

El proyecto, al que solo le falta la firma del Presidente para convertirse en ley, dispone que ese tipo de procesos pase de cinco audiencias a dos.

Según el Ministerio de Justicia, la iniciativa “reduce en 50 % el tiempo de los procesos de juzgamiento”, de manera que tales casos se resuelvan en aproximadamente 6 meses.

La ley, asegura el Gobierno, agilizará unos 400.000 procesos al año.

Al respecto, Jorge Londoño, ministro de Justicia, hizo estas aclaraciones:

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