Sobre la dirigente política y activista en derechos humanos pesaba una sanción de inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos por supuestamente financiar una campaña a la Cámara de Representantes.
Se trata de la segunda destitución e inhabilidad que le levanta el Consejo de Estado a Córdoba, según La F.m.
En esta segunda ocasión, la senadora había sido inhabilitada en mayo de 2012 para ejercer cualquier cargo de elección popular o alguna designación en la administración pública por 14 años.
Previamente el Consejo de Estado le anuló la primera destitución e inhabilidad de 18 años.
En el segundo caso, la Procuraduría la investigó por girar 25 millones de pesos a la campaña a la Cámara de Ricardo Montenegro, algo expresamente prohibido para los legisladores.
La decisión del Consejo de Estado se basa en que las pruebas recabadas no eran suficientes y, por tanto, la decisión de la Procuraduría en 2010 “se basó solo en indicios”, indicó el Consejo de Estado.
Frente a ello, la magistrada del tribunal, Sandra Ibarra, afirmó en una rueda de prensa que se tuvieron en cuenta “otros documentos que permitieron establecer que no había una prueba cierta”.
En su fallo el Consejo de Estado ordenó borrar los antecedentes disciplinarios de la controvertida dirigente del Partido Liberal.
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