El objetivo de los dos bandos enfrentados es ocupar el territorio que abandonaron las Farc tras su proceso de desmovilización, señala la ONG Amnistía Internacional (AI), y dice que por esa situación se está viendo amenazado el municipio de Bajo Atrato, en el mismo departamento.

Según detalló AI en un comunicado, los combates entre miembros del Eln y paramilitares ponen una vez más “en riesgo inminente de violaciones de los derechos humanos en estas comunidades” y considera que “la acción del Estado debe ser enfática”.

En este sentido, recordó la última alerta temprana emitida el 24 de enero por la Defensoría del Pueblo, que advierte que en los municipios de Bojayá, Medio Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) persiste y se agudiza el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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Todo ello porque considera que hay una “alta probabilidad de confrontación armada en territorio de las comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) y los resguardos indígenas de estos municipios”.

EFE

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