Según la denuncia que recoge la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el pasado jueves 27 de abril los periodistas de los noticieros Caracol y RCN se encontraban cubriendo una reunión de funcionarios de la alcaldía y de otras dependencias de la población, cuando fueron abordados por uniformados de la Policía que “les impidieron continuar con sus labores, argumentando que el encuentro era privado”.

Los periodistas, citados por la Flip en un comunicado, dicen que “uno de los uniformados aseguró que se trataba de una orden del alcalde del municipio (Carlos Escobar), quien estaba molesto debido a que el cubrimiento periodístico sobre el caso de la menor había afectado a la administración”.

Ante esta delicada situación, la Fundación le hizo un llamado a Escobar “para que ofrezca excusas públicas a los periodistas de los canales nacionales y adopte un discurso favorable frente al ejercicio periodístico”.

Además, le recordó que según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los funcionarios públicos deben ser los principales garantes de la libertad de prensa, aun cuando los contenidos periodísticos sean contrarios a sus intereses”.

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Y es que tal vez lo que tiene molesto al alcalde Escobar es que esos dos medios han estado al tanto de los pormenores y de las investigaciones que rodean el caso de Sara Salazar, la niña de tres años que fue abusada sexualmente y asesinada de la peor manera el pasado fin de semana.

Incluso, recogieron testimonios de familiares, allegados y médicos de dos hospitales en donde la menor había sido atendida, y se encontraron con que en varias oportunidades se advirtió a las autoridades y en especial a la Comisaría de Familia de esa población que Sarita era víctima de maltrato.

Sin embargo, nadie hizo nada, y ahora que la menor fue asesinada tratan de encontrar responsables.

“El Bienestar Familiar remite el caso a la comisaria de Familia, que es la competente, pero se desliga del tema  (…) Sarita quedó sola en manos de sus presuntos maltratadores, sin vigilancia y sin protección, durante 7 meses”, fue la conclusión a la que llegaron las autoridades locales luego de la reunión de este jueves, la misma en donde los periodistas denuncian represiones, indica Noticias Caracol.

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