La decisión del alto tribunal se refiere al acuerdo final firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá y, sobre todo, a la aprobación de las leyes para implementar lo negociado.

Exactamente, lo que dejó en firme la Corte fue una reforma que modifica la Constitución para que las instituciones estatales colombianas tengan “la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”.

La reforma a la que se refiere la decisión es el acto legislativo 02 de 2017, que exactamente dice lo siguiente:

“El presente Acto Legislativo […] rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

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Las leyes para implementar lo acordado con las Farc, sin embargo, deben ser aprobadas por el Congreso, precisa la Corte.

Cabe recordar que en mayo de 2017, durante una convención del Centro Democrático, el exministro Fernando Londoño aseguró que había que “hacer trizas” el acuerdo con las Farc.

En ese sentido, la decisión de la Corte sirve para salirle al paso a los sectores del uribismo que están de acuerdo con Londoño.

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