El calificativo de ‘consentido’ y ‘protegido’ del Centro Democrático lo dio Daniel Coronell en su columna de la revista Semana.

Coronell, como El Tiempo, aseguran, citando al mismo Óscar Iván Zuluaga, que García Arizabaleta tenía un contrato con la firma constructora brasileña Odebrecht, y que ofreció investigar si esta tenía contactos con estrategas políticos.

El escándalo se destapó cuando el estratega político ‘Duda’ Mendonça reveló en Brasil que parte de su sueldo, 1,6 millones de dólares, por la asesoría a la campaña de Zuluaga a la presidencia por el Centro Democrático, había sido pagada por la firma constructora Odebrecht. La otra parte, la que se conocía, había sido pagada por el mismo Centro Democrático (1.5 millones dólares), según el reporte de gastos.

Tal pago podría ser visto como una inversión en un potencial ganador, que luego sería retribuido por jugosos contratos estatales.

En un correo electrónico que nunca respondió García Arizabaleta, Coronell le pidió que describiera la naturaleza del contrato con Odebrecht, y recuerda que el exsenador Otto Bula tenía un contrato con la misma firma, en el marco del cual pagó sobornos por 4,6 millones de dólares para la adjudicación de obras.

Arizabaleta tampoco respondió los correos de El Tiempo, que también buscaba establecer su papel en el escándalo.

Como resultado de “los buenos oficios” de García Arizabaleta, luego hubo una reunión en Brasil entre el asesor ‘Duda’ Mendonça, el candidato Zuluaga, su hijo David y el senador Iván Duque.

El efecto de la asesoría es historia: a él se atribuye la victoria del Centro Democrático en la primera vuelta, contra el presidente Juan Manuel Santos.

El Tiempo dice que la Fiscalía y el Uribismo han establecido que García Arizabaleta hizo un viaje a Sao Paulo en febrero del 2014, “y cuyo rastro alguien ha querido borrar”.

María Jimena Duzán en su columna de Semana señala las consecuencias del escándalo que tendrá que enfrentar Zuluaga y el Centro Democrático:

Con lo declarado por Duda Mendonça, se abre la posibilidad de que esa campaña haya excedido los topes permitidos por el Consejo Nacional Electoral. Teniendo en cuenta que el Estado no le puede reponer votos a quien se haya volado los topes y haya mentido, si se llega a comprobar que hubo pagos por debajo de la mesa se estaría incurriendo en el delito de fraude procesal y en el de falsedad de documento público, además de que en Colombia es ilegal que las campañas políticas reciban dineros de compañías extranjeras”.

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