Desde cuatro horas antes del comienzo del voto, previsto para las 09H00 (07H00 GMT), centenares de ciudadanos empezaron a reunirse pacíficamente ante los centros de votación con el objetivo de protegerlos del cierre ordenado por una juez.

“En Cataluña estamos en el punto que creemos que es esencial decidir si continuamos con el estado español”, decía a la AFP Pau Valls, universitario de 18 años que acampó la noche anterior ante el colegio Jaume Balmes en el centro de Barcelona.

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“Esto es histórico”, subrayaba ante el mismo centro Ignasi Sellarés, consultor fiscal de 56 años.

Años de creciente tensión entre el gobierno de esta región de 7,5 millones de habitantes y Madrid llegan a su punto álgido con este referéndum, reclamado ampliamente por la sociedad catalana pero rechazado repetidamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, que lo considera anticonstitucional.

“Cataluña, ante la prueba del 1-O”, titulaba en portada el periódico catalán La Vanguardia. “Día decisivo del reto independentista. La democracia española ante su mayor desafío”, señalaba por su parte el diario español El País.

Portada de La Vanguardia (España)
Portada de El País (España)

Desde su convocatoria a principios de septiembre, rápidamente suspendida por el Tribunal Constitucional, la justicia y el gobierno españoles emplearon todos sus recursos para impedirla, sin conseguir laminar la determinación de Carles Puigdemont, presidente regional desde 2016.

“Por más rechazo que el gobierno español ejerza, esto no nos envía a casa”, advirtió en la víspera en una entrevista a la AFP.

“El gobierno catalán lo ha dispuesto todo para que pueda desarrollarse en total normalidad”.

Incertidumbre en los colegios

Los dirigentes regionales designaron más de 2.300 espacios como puntos de votación: escuelas, residencias de ancianos, centros sanitarios o museos, algunos ocupados desde el viernes por ciudadanos dispuestos a mantenerlos abiertos hasta el momento del voto.

Una juez ordenó su cierre y desalojo a partir de las 06H00 (04H00 GMT) con tal de impedir que se celebre el plebiscito. La instrucción la debían aplicar los Mossos d’Esquadra, la policía regional dependiente del ejecutivo catalán, que tienen instrucciones de sus comandos de no aplicar la violencia.

Anticipando estos recelos del cuerpo catalán, el ministerio del Interior desplegó en la región a miles de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En las últimas semanas, estos cuerpos policiales pusieron en aprietos la logística de la votación incautando abundante material electoral, cerrando webs informativas o bloqueando los sistemas informáticos de recuento de votos del ejecutivo regional.

AFP / JOSE JORDAN

Tampoco existe de momento un órgano de supervisión electoral, ya que sus miembros dimitieron amenazados por multas de 12.000 euros diarios impuestas por el Tribunal Constitucional. Ni se sabe si las urnas y las papeletas han llegado a los puntos de votación que deberían estar abiertos de 09H00 a 20H00.

“Habrá una gran movilización”, dijo el sábado el delegado del gobierno español en Barcelona, Enric Millo:

“Pero lo que seguro que no habrá es un referéndum”.

Previsible abstención del no

Mayoritarios en el parlamento regional desde 2015, los separatistas quieren declarar la independencia si ganan la votación, aunque su aplicación no sería inmediata, explicó Puigdemont a la AFP.

Pero la sociedad se muestra dividida casi a partes iguales sobre la secesión de esta región con un 19% del PIB español.

Previsiblemente, muchos partidarios del no optarán por abstenerse en esta votación prohibida, temerosos de que una alta participación refuerce a los dirigentes independentistas.

Unos 5.500, según la policía municipal, desfilaron el sábado por Barcelona gritando “Cataluña es España” o “Nosotros también somos catalanes”. En el resto de España, miles de personas se manifestaron también en varias ciudades para defender la unidad del país.

Con la situación bloqueada, muchos miran a Europa en busca de una solución. Sin señalar directamente a las instituciones comunitarias, Puigdemont pidió el sábado una “mediación” al conflicto y reclamó a la Unión Europea “que deje de mirar a otro lado”.

Pero por ahora Bruselas considera esta crisis como un “asunto interno” de España.

AFP