La Organización de Liberación Palestina (OLP) reaccionó en un comunicado e indicó que la nueva ley significa “legalizar el robo” de la tierra palestina” y que “el gobierno israelí quiere destruir cualquier posibilidad de solución política” del conflicto.

La aprobación de la ley que permite a Israel de apropiarse de cientos de hectáreas de tierras palestinas en Cisjordania ocupada, se dio pese a la preocupación mostrada por la ONU e incluso por la administración Trump.

La ley, advierten los detractores, supondría un paso más hacia la anexión, al menos parcial, de Cisjordania, algo que reclaman abiertamente algunos ministros, como el titular de Educación, Naftali Bennett, líder del partido Hogar Judío, ardiente defensor de los colonos.

Quienes apoyan el texto sostienen que este permitiría a los colonos vivir sin el temor permanente a la expulsión cuando las organizaciones de izquierda interponen demandas ante la justicia israelí por la construcción en tierras privadas palestinas.

La ley implicaría la legalización de unas 3.800 viviendas israelíes en unas 53 colonias “salvajes” y otras reconocidas. En total serían expropiadas unas 800 hectáreas de tierras palestinas, según la oenegé La Paz Ahora.

La comunidad internacional también dio la voz de su alarma. El coordinador especial de la ONU para la paz, Nikolay Mladenov, mostró su inquietud ante un texto que podría “reducir enormemente las perspectivas de paz”, a día de hoy inalcanzable.

Preocupación internacional

La llegada de Trump a la Casa Blanca animó al gobierno de Netanyahu a aprobar unas 6.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

Sin embargo, la nueva administración estadounidense salió el jueves pasado de su silencio para frenar el entusiasmo del gobierno israelí.

El lunes por la noche, el Departamento de Estado se negó a tomar posición sobre la nueva ley. “La administración debe tener la oportunidad de consultar plenamente a todas las partes respecto al camino a seguir”, dijo a la AFP un funcionario de la cancillería bajo condición de anonimato.

“En este punto, las indicaciones son que es probable que esta legislación sea revisada por los tribunales israelíes competentes y la administración de Trump omitirá comentarios al respecto hasta la decisión del tribunal pertinente”, señaló.

El primer ministro israelí trató de retrasar el debate de la ley para coordinarse con Washington, pero Bennett y Hogar Judío amenazaron con abandonar la coalición gubernamental si no se avanzaba en la propuesta.

En cualquier caso, el futuro del texto aprobado sigue siendo incierto: Adalah, oenegé propalestina, ha advertido de que recurrirá al tribunal supremo israelí para paralizarla y el mismo fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, opina que podría ser anticonstitucional y expondría a Israel a acciones judiciales internacionales por crímenes de guerra.

Con AFP

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