Lía Limón, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Zoé Robledo, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguraron en un comunicado que estas series “hacen ver al narcotráfico y sus actividades como un modelo de vida aspiracional”.

Los legisladores consideraron que “la Subsecretaría de Normatividad de Medios y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones no deben ser omisos ante las estaciones de televisión comercial que violentan la norma vigente y, sobre todo, promueven la apología de la violencia”.

Limón y Robledo señalaron que el discurso de las narcoseries contradice “la lucha que hombres y mujeres valientes, muchos de ellos integrantes de nuestras fuerzas armadas, a efecto de mantener el Estado de derecho y para inhibir que el narcotráfico debilite el tejido social de las familias mexicanas”.

Estos programas reflejan la vida de narcotraficantes en historias que, de acuerdo con los legisladores, promueven “falsos valores y comportamientos sociales agresivos que lamentablemente retroalimentan al crimen organizado”.

Dijeron que, con la transmisión de estas series a través de frecuencias concesionadas por el Estado, las televisoras violan la Ley Federal de Telecomunicaciones así como el artículo cuarto constitucional, según el cual la ley protege “la organización y el desarrollo de la familia” y estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Anunciaron que en los próximos días convocarán a funcionarios de las instituciones encargadas de regular las telecomunicaciones en México para que expliquen ante el Congreso el uso que concesionarios privados dan a las frecuencias del espectro radioeléctrico.