“Se prorroga por 60 días el plazo establecido en el Decreto mediante (…) el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, se lee en la gaceta.

La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

La medida, que según el Gobierno fue tomada “dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional”, ya ha sido prorrogada tres veces.

El decreto en cuestión fue puesto en marcha desde el pasado enero, pese a la desaprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por mayoría opositora.

La Cámara argumentó en ese momento que la norma desconocía la Constitución y “lo más doloroso, desconoce el dolor de las familias venezolanas”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del decreto que, según dijo, responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos e instituciones “que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, atraviesa una crisis económica, debido a la caída de los precios del crudo, además de tener una escasez generalizada.

El gobierno de Maduro ha dicho que el estado de excepción dictado por Maduro es “para garantizar el derecho a la vida que tienen los venezolanos” y hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado.

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