La postura del dictador Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, poderoso dirigente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y miembro de la constituyente, llama la atención sobre la violación de los Derechos Humanos en la agitada jornada en España, en la que se registraron más de 440 heridos, varios leves.

“No me meto en los temas internos de Cataluña, de España, ni de ningún país, pero son sucesos internacionales de gran importancia. Apareció la represión, brutal, brutal, de verdad brutal, porque si un pueblo está en paz y tranquilo, déjalo en paz”, dijo Maduro en su programa dominical en la televisora estatal VTV.

 

 

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“Mariano Rajoy tiene que responderle al mundo por lo que ha hecho con el pueblo catalán”, agregó, y comparó los hechos con “la época de la dictadura” de Francisco Franco (1939-1975).

Por su parte, Cabello escribió en Twitter:

 

Las posturas de Maduro y Cabello, sin embargo, contrastan con hechos como que Venezuela es un país al que no tiene acceso la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) al menos desde 2014, pese a haberlo pedido en varias ocasiones.

Apenas el pasado 11 de septiembre, en el marco de su intervención en la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, adelantó que Caracas decidió formular una invitación a tres relatores especiales para visitar Venezuela en los próximos meses, aunque entonces no dijo cuáles.

Ese anuncio se produjo después de que acusara a la ACNUDH de agredir y querer desestabilizar a Venezuela al mentir sobre la represión de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar entre abril y julio, que según el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, “puede constituir crímenes contra la humanidad”.

El viernes pasado, el experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, anunció que hará en noviembre una visita oficial a Venezuela en la que “escuchará a ambas partes” enfrentadas en la crisis política, social y económica que vive el país.

Maduro es acusado por la oposición venezolana de una “salvaje represión” durante las protestas entre abril y julio, que exigían elecciones generales, con saldo de unos 125 muertos.

Caracas y Madrid han tenido habituales roces diplomáticos, agravados por la instalación de una Asamblea Constituyente que rige Venezuela como poder absoluto. Maduro la defiende como una vía para la paz tras los cuatro meses de protestas en su contra, pero la oposición la tilda de una maniobra dictatorial, y España no la reconoce.

Rajoy, tras reunirse el martes pasado en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Maduro, alertando sobre su “deriva totalitaria”.

La administración de Trump impuso sanciones a Venezuela en agosto, al prohibir a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA. Previamente tomó medidas financieras y políticas contra Maduro y varios de sus funcionarios.

“¿Quién es dictador? ¿Nicolás Maduro o Rajoy, que ha optado por la sangre, el garrote y el porrazo contra un pueblo noble?”, se preguntó Maduro.