Naciones Unidas sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada).
Las graves violaciones a los derechos humanos obedecen a una política sistemática del gobierno, según la ONU.
A esas conclusiones llegó el organismo después de una investigación mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
Ejecuciones extrajudiciales
Según la información que entregó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”.
El informe da cuenta de las violaciones cometidas entre el primero de abril y el 31 de julio pasados, periodo en el que murieron un total de 124 personas.
De estos casos, al menos 46 son responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Dos muertes se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, una por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
En ese sentido, Naciones Unidas recordó que las armas de fuego no se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
“El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.
Desapariciones forzadas
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La ACNUDH ha registrado además varios casos de desapariciones forzadas, una forma agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha en la que 1.383 personas seguían arrestadas. Al menos 609 civiles detenidos, considerados opositores, tuvieron que comparecer ante tribunales militares.
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según dijo la ONU.
Torturas
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y colgaron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas, y lo golpearon sin interrupción.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligadas a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
Ante la constatación de todos estos abusos, entre otros que ha documentado, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren “adoptar medidas” para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
Naciones Unidas también mostró su preocupación por el juicio que iniciará la Asamblea venezolana a los opositores por “traición a la patria”, a quienes señala de promover las sanciones financieras de Estados Unidos contra el país petrolero.
Con información de EFE.
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