El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por Estados Unidos después del terremoto de 2001, pero la decisión de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que están dadas las condiciones para que El Salvador reciba de vuelta a estas personas.
El Salvador respondió de manera tímida, enfocándose menos en la amenaza de deportación y más en la prórroga de 18 meses. En una nota, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén agradeció a Estados Unidos por “este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos”.
“Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (…) la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causadas por el terremoto de 2001 ya no existen”, dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés).
Por ello, añadió, “la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta”.
La misma fuente apuntó que para “garantizar una transición ordenada” las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de septiembre del próximo año.
Ese período “proporcionará a individuos con TPS tiempo para arreglar detalles para su partida o para buscar otro estatus migratorio legal en Estados Unidos caso sean elegibles”.
Con la no renovación de la protección temporaria, los ciudadanos salvadoreños retornarán “al estatus migratorio que poseían antes del TPS”.
Escenario de incertidumbre
Esto abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses.
Cristian Chávez, un salvadoreño con beneficio del TPS dijo este lunes en un contacto con periodistas que durante 17 años pagó sus impuestos y construyó “sueños para el futuro de mi familia (…) y esos sueños terminaron hoy”.
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“No lo entiendo. El presidente Trump dijo que era contra los inmigrantes ilegales. Pero nosotros no somos ilegales, estamos aquí legalmente”, alegó.
Chávez está casado con una salvadoreña que posee residencia legal en Estados Unidos y ambos tienen un hijo que ya es ciudadano estadounidense. “Espero que no llegue el día en que deba decirles que me tengo que ir”, comentó.
Ahora, la situación queda en manos del Congreso estadounidense (controlado por el partido Republicano de Trump), que en ese plazo de 18 meses podría definir una fórmula para que personas resuelvan la situación.
La decisión de no renovar los beneficios del programa TPS representa un guiño a los sectores del gobierno que exigen ‘mano dura’ contra la inmigración ilegal.
El TPS, desde su concepción, tuvo un carácter de protección a personas en situación de emergencia humanitaria, pero sectores del gobierno afirman que es apenas una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.
En una nota de prensa, el DHS apuntó que Estados Unidos ha repatriado a El Salvador a más de 39 mil ciudadanos en los últimos dos años, y eso “demuestra que la incapacidad temporaria de El Salvador de recibir adecuadamente a sus nacionales después del terremoto ha sido atendida”.
“Cruel y sin corazón”
Al conocerse la determinación del fin del TPS para los salvadoreños el presidente del Comité Nacional Partido Demócrata, Tom Perez, señaló que se trata de “una decisión cruel y sin corazón de parte de un presidente cruel y sin corazón”.
Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine apuntó en un comunicado que “nuestro país siempre ha recibido y protegido personas que precisan de refugio, pero en un año hemos visto al gobierno de Trump pisotear estos valores al demonizar inmigrantes y refugiados”.
Para la senadora Catherine Cortez Masto “revocar el TPS para los salvadoreños no solo separará familias, su deportación también los pondría en situaciones peligrosas y que amenazan sus vidas”.
Ya el 7 de noviembre pasado el DHS decidió no renovar el TPS para unos 5.300 ciudadanos nicaragüenses, protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.
Poco después, el 20 de noviembre el DHS hizo lo mismo con la protección para unos 59 mil haitianos, en su mayoría sobrevivientes del terremoto de 2010.
Sin embargo, el gobierno decidió postergar la protección a unos 86 mil ciudadanos hondureños, hasta que las autoridades analicen si están dadas las condiciones para que esas personas retornen a su país, azotado por la violencia urbana.
Esa decisión sobre los hondureños tendrá que ser adoptada hasta el 5 de julio de este año.
Con AFP
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