Junichi Fukuda, viceministro administrativo de ese ministerio dimitió el pasado miércoles luego de que se conociera que se le acusa de haber acosado sexualmente a varias periodistas, un caso revelado la semana pasada por un semanario.
Él niega haber tenido un comportamiento inadecuado y está planteando empezar un proceso judicial contra la revista, pero estimó que el escándalo le impedía permanecer en el cargo.
Lo sorprendente en este país es el alcance mediático del caso, señal, según los observadores, de una posible liberación de la palabra de las víctimas de violencia sexual.
“El movimiento mundial #MeToo animó probablemente a las mujeres víctimas de acoso a expresarse, haciéndoles tomar conciencia de que no tienen que tolerar este tipo de actos”, afirma Sumire Hamada de la oenegé Asia-Japan Women’s Resource Centre.
Para las víctimas denunciar la violencia sexual en Japón es especialmente difícil.
Una de las periodistas que acusa a Fukuda de haberla agredido se lo contó a su jefe de la televisión japonesa TV Asahi, reveló este canal, pero le aconsejaron no airearlo porque se revelaría su identidad y tendría consecuencias para ella.
La televisión lamenta que la periodista decidiera posteriormente hacerlo público en otro medio de comunicación.
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Investigación criticada
Cuando la prensa publicó las acusaciones, el ministro de Finanzas Taro Aso le restó importancia diciendo que no iba a abrir una investigación porque el funcionario estaba “suficientemente arrepentido”.
Más tarde, ante el alcance de las críticas, dijo que Fukuda sería despedido si se demostraba que los hechos eran ciertos. Finalmente el ministerio abrió una investigación pidiendo a las víctimas que revelaran su identidad, lo que ha suscitado dudas sobre su imparcialidad.
“La forma en la que se protegerá el anonimato de estas reporteras y sus puestos no está clara”, afirma la asociación de periodistas que cubren el ministerio de Finanzas en una carta citada por los medios de comunicación japoneses.
En la plataforma Change.org se lanzó una petición para pedir al ministerio que proteja mejor a las víctimas. Cuenta con 25.000 firmas.
“Muchas personas criticaron la forma en la que el ministerio de Finanzas manejó la situación… Por eso este tema podría tener una enorme repercusión o conducir a un cambio en la sociedad japonesa”, estima Mari Miura, profesora de ciencias políticas en la universidad Sophia de Tokio.
Según un sondeo realizado por el gobierno en 2017, sólo el 2,8% de las víctimas de violación dijeron haberlo contado a la policía, en un país donde se espera que “las víctimas de acoso sufran en silencio”, afirma Sumire Hamada.
Por haber acusado públicamente a un conocido profesional de la televisión de haberla violado, la periodista Shiori Ito sufrió ataques muy duros en internet y hasta amenazas de muerte.
‘Una vergüenza’
En otros países asiáticos también se vislumbran cambios. En Corea del Sur, un político dimitió y está siendo investigado tras ser acusado de haber violado en reiteradas ocasiones a una colaboradora. En China el ministerio de Educación decretó una política de “tolerancia cero” por el acoso sexual de un profesor a varias estudiantes.
En Japón el primer ministro Shinzo Abe reaccionó el jueves al caso Fukuda, pero se limitó a tildar de “lamentable” las circunstancias de la dimisión del funcionario y a prometer que restaurará la confianza en su gobierno.
“Es una vergüenza que los dos principales dirigentes de Japón, el primer ministro y el titular de Finanzas, no se den cuenta del alcance de los casos de acoso sexual”, se indigna Mari Miura.
Espera que esto no impida a otras mujeres tomar la palabra como hizo Seiko Noda, una de las dos únicas miembros del gobierno de Abe que declaró en plena sesión parlamentaria haber sido acosada sexualmente cuando era veinteañera.
Con AFP.
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