El tribunal hizo esta consideración al revocar la prisión preventiva contra trabajadores de una clínica en Río de Janeiro, que fueron detenidos cuando practicaban un aborto clandestino en 2013, informó el alto tribunal en un comunicado.

“Este fallo no es necesariamente vinculante, vale sólo para este caso pero puede ser usado como precedente para otros”, dijo a la AFP una fuente del Supremo Tribunal Federal (STF).

El alto tribunal tomó la decisión considerando que la criminalización del aborto “viola diversos derechos fundamentales de la mujer” y tomando en cuenta también la “proporcionalidad” del castigo.

Los argumentos de los jueces fueron los siguientes: la criminalización es “incompatible con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no puede ser obligada por el Estado a mantener una gestación no deseada”; va contra su autonomía ya que “debe conservar el derecho a de tomar sus decisiones existenciales”; va contra “la integridad física y psíquica de la gestante” y también contra la “igualdad”.

En Brasil, el aborto es un crimen que puede conllevar de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos:

  • Embarazo de un feto con malformaciones cerebrales
  • Embarazo con riesgo de muerte para la mujer
  • Y desde 1940, embarazo debido a una violación

“Prácticamente ningún país democrático y desarrollado del mundo trata la interrupción de la gestación durante el primer trimestre como un crimen”, enfatizó el tribunal poniendo como ejemplo a Estados Unidos, Alemania o España.

Rechazo inmediato

Esta madrugada, pocas horas después de conocerse la decisión del Supremo Tribunal Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció la creación de una comisión legislativa para intentar revertir el fallo judicial.

El anuncio fue hecho después de que varios diputados, principalmente los vinculados a la Iglesia Católica y a los grupos evangélicos, se pronunciaran en el plenario contra la decisión de la máxima corte.

“El Supremo rasgó la Constitución y asumió sin consultarle a nadie una tarea que es de los congresistas, la de legislar. El objetivo de la comisión creada es concretamente revertir esa decisión absurda de la Corte”, afirmó el diputado Diego García, representante del Partido Humanista Socialista (PHS) y que fue ponente del nuevo Estatuto de la Familia.

García aseguró que al menos 300 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados se oponen abiertamente a la legalización del aborto, por lo que tienen los votos suficientes para sepultar la decisión judicial.

AFP/EFE

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