“El estado pretende buscar la pena de muerte contra el acusado, Nikolas Jacob Cruz”, señala un documento judicial de la fiscalía en el condado de Broward, al que pertenece Parkland, 80 Km al norte de Miami.

Cruz enfrenta 17 cargos de homicidio premeditado en primer grado y 17 cargos de intento de homicidio, por los 17 muertos y 17 heridos durante la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, el 14 de febrero.

Si el acusado pretende presentar testimonios de expertos en salud mental para defenderse, debe entregar una solicitud a la jueza Elizabeth Scherer menos de 20 días antes de que comience el juicio, añade el documento.

Los cargos le serán leídos este miércoles, cuando se cumple un mes del tiroteo que desató un debate nacional sobre la tenencia de armas.

No obstante, no estaba claro aún si Cruz estará presente en la audiencia, según dijo una portavoz del tribunal del condado de Broward.

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También el miércoles, estudiantes salieron de sus escuelas a media mañana para exigir a la clase política que restrinja el acceso a las armas y prohíba la venta de fusiles semiautomáticos, como el AR-15 con el que Cruz cometió el tiroteo.

Esta arma también fue utilizada en las masacres en Las Vegas (58 muertos), Sutherland Springs, Texas (26) y Newtown, Connecticut (26).

La atención nacional que concitó la masacre en Parkland, así como la presión ejercida por los estudiantes, motivaron a legisladores de Florida a aprobar la semana pasada inéditas medidas orientadas a poner coto al acceso a las armas, que es garantizado por la segunda enmienda de la Constitución.

Los defensores de las armas defienden su derecho constitucional a armarse si así lo desean, mientras sus detractores piden que cuando menos se prohíban estas armas de fuego que no eran concebibles a fines del siglo XVIII cuando se escribió la Constitución.

La ley de “seguridad escolar” entró en vigor el viernes pasado al ser firmada por el gobernador de Florida, Rick Scott.

La ley 7026 eleva de 18 a 21 la edad mínima para comprar armas, prohíbe los “bump stocks” (unos dispositivos que permiten a los fusiles semiautomáticos disparar ráfagas) y dispone de 400 millones de dólares para mejorar la seguridad escolar y tratamientos de salud mental.

Esta medida no prohíbe los fusiles semiautomáticos y posterga hasta el 1 de octubre la entrada en vigor de la cláusula relativa a los ‘bump stocks’.

Con AFP