El examen preliminar se ocupará de analizar los crímenes que el gobierno habría cometido al menos desde abril de 2017, durante las manifestaciones políticas que hubo contra el régimen de Nicolás Maduro. Según la Corte Penal Internacional (CPI), las fuerzas estatales, además de usar fuerza excesiva en las protestas, arrestaron a miles de miembros de la oposición (reales y no) a los que sometió a graves abusos.
El comunicado, escrito por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, aclara que no se trata de una investigación propiamente, sino que se examinará la información disponible para determinar si existen motivos suficientes para proceder a una investigación conforme a lo que indica el Estatuto de Roma (que significó la fundación de la CPI, en 1998).
Dependiendo de los hechos y las circunstancias del caso venezolano, la CPI tiene 3 caminos: el primero, iniciar una investigación sujeta a una revisión judicial, como ya se dijo; segundo, continuar con la recolección de información para establecer una base fáctica y legal suficiente; y tercero, no iniciar una investigación, en caso de que no haya una “base razonable” para hacerlo.
En este video, la fiscal explica el caso de Venezuela y el de Filipinas, cuyo gobierno también será objeto de un examen preliminar:
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La decisión de la fiscalía de la CPI llega casi simultáneamente con la solicitud que hizo el Parlamento Europeo de ampliar las sanciones que la Unión Europea les había impuesto a Nicolás Maduro, a algunos altos funcionarios de su régimen y a la petrolera estatal PDVSA.
La acción de la fiscalía y la solicitud del parlamento se dan a conocer horas después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciara que las elecciones presidenciales anticipadas en el país se llevarán a cabo el próximo 22 de abril, eso a pesar de que las negociaciones del régimen y la oposición al respecto fracasaron.
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