Y lo hizo junto a los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, todos los cuales deploran “el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia” en Venezuela, “que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos”, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería.
Los ocho países suscribieron y emitieron un comunicado conjunto en el que dicen: “Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes”.
Además, hacen “un llamado enérgico” al gobierno venezolano para que “respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución”.
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Le recuerdan a la dictadura que “como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, […] tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado”.
También reiteran (“en el marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela”) la importancia de “cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes”.
En su comunicado, los ocho gobiernos de la región llaman a todos los sectores venezolanos “para no avalar acciones que generen más violencia” y manifiestan su convicción de que “ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela”.
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