El revés ocurre en momentos en que sus seguidores le reclaman que vuelva al ruedo político y se presente a las elecciones legislativas de octubre como gran rival del partido oficialista de Mauricio Macri.

El juez Claudio Bonadio, además de inculparla por corrupción, ordenó un embargo por 130 millones de pesos argentinos (poco más de 8 millones de dólares) en el caso judicial conocido como Los Sauces, nombre de la empresa familiar, precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Este es el caso que más complica a Kirchner, que antes de ejercer la presidencia de Argentina, entre 2007 y 2015, ocupó cargos como diputada y senadora nacional.

Se trata de la cuarta inculpación judicial que sufre Kirchner desde que dejó el gobierno en diciembre de 2015.

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El magistrado también prohibió la salida del país de todos los procesados: la exmandataria, sus hijos Máximo y Florencia, y a varios empresarios, entre ellos Cristóbal López y Lázaro Báez.

Según la resolución, Kirchner, de 64 años, fue procesada como “autora penalmente responsable” de los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad” y de negociaciones incompatibles con su calidad de funcionaria.

Florencia y Máximo Kirchner fueron procesados por formar parte de una “asociación ilícita”, en tanto los empresarios López, Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice fueron inculpados en calidad de “organizadores”.

La saga

Protagonista de una saga judicial con varias causas y denuncias en su contra, la expresidenta afrontará su primer juicio oral, aún sin fecha, acusada de causar perjuicio al Estado en un polémico caso de operaciones cambiarias del Banco Central al final de su mandato.

Esa causa también está a cargo del juez Bonadio.

Son cuatro las causas que pesan sobre Kirchner, la mayoría en relación a casos de corrupción. Sin embargo, “la del dólar futuro es la más favorable a ella”, explicó a mediados de marzo a la AFP el analista político Rosendo Fraga.

La propia expresidenta había solicitado al juez Bonadio elevar el caso a juicio oral.

En diciembre, Kirchner fue inculpada por otro juez de asociación ilícita y fraude al otorgar obras de infraestructura por 2.200 millones de dólares a un empresario.

En su última declaración jurada de mayo de 2016, la exjefa de Estado figura con un patrimonio de casi cinco millones de dólares en efectivo y bienes inmuebles, que incluyen una firma hotelera familiar llamada Los Sauces.

El caso de Kirchner se suma al de otros líderes de centroizquierda de la región, como el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) y la exmandataria Dilma Rousseff (2011-2016), forzados a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción o administración irregular.

Kirchner ha afirmado reiteradamente a través de las redes sociales que todo es parte de una persecución política. “Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, reaccionó en diciembre.

¿Candidatura?

Tras dejar el gobierno, Kirchner se recluyó en su residencia de la villa turística de El Calafate, en la patagónica provincia de Santa Cruz, donde iniciaron su carrera política ella y su fallecido esposo y exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

Una eventual condena judicial podría obstaculizar su candidatura para los comicios de octubre.

El clamor para que se presente a las legislativas se fundamenta en una orfandad de líderes en el opositor peronismo de cuyo seno los Kirchner crearon el Frente para la Victoria (FPV), que los llevó al gobierno en tres ocasiones.

Según sondeos, la intención de voto del peronismo en el crucial distrito de la provincia de Buenos Aires, crece en un 30% con Cristina Kirchner como candidata.

Esta provincia, que concentra el 40% del padrón electoral del país, ha sido histórico bastión peronista, aunque hoy es gobernada por la oficialista María Eugenia Vidal.

Mientras Kirchner se ha dicho víctima de una persecusión política, sus seguidores consideran que las causas judiciales en su contra buscan proscribir su eventual candidatura, cuya fecha límite de inscripción vence el 24 de junio.

Con AFP