Según el informe que divulgó el diario El País, de España, la constructora brasileña “pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica”.

Altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina entregaron documentos como “pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo” para abrir depósitos y recibir los millonarios sobornos que Odebrecht “enmascaró como servicios que nunca prestó”.

Entre ellos aparecen las pruebas de los 6,5 millones de dólares que recibió el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales de la multinacional para adjudicar el sector 2 de la Ruta del Sol, a finales de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc ‘fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario’, indica el medio. García Morales además admitió su participación en el esquema de blanqueo ideado para sobornar al empresario libanés Enrique Chisays Manzur.

Certificado en las Islas Vírgenes de la sociedad Kingstall Financial Inc que investiga la policía por sus vínculos con Colombia. / El País

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García Morales actualmente está preso y colabora con la Fiscalía para buscar un principio de oportunidad por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además será testigo clave en cinco procesos que el ente acusador adelanta por este escándalo de corrupción en el país.

“La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales”, puntualiza el diario.

El informe además detalla las obras adjudicadas a la constructora y los funcionarios vinculados a los gobiernos de expresidentes como Ricardo Martinelli en Panamá, Alan García en Perú, el fallecido Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa de Ecuador; y empresarios de Uruguay. Varios de ellos ya enfrentan procesos judiciales.

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