A medida que Maduro avanzó con su proyecto, fue poniendo a su país en colisión con Estados Unidos, comprador de 800.000 barriles de los 1,9 millones que produce, y con gobiernos de Latinoamérica y Europa.
Washington impuso sanciones a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, acusados de quebrar la democracia, violación de derechos humanos o corrupción.
Colombia y Panamá anunciaron que desconocerán la Constituyente, y Estados Unidos amenazó con más sanciones si se concretaba. “La dictadura se está autoaislando”, aseguró el diputado Freddy Guevara de la MUD.
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El presidente socialista acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington y “gobierno lacayos”, entre los que el presidente venezolano incluyó a Colombia.
Las elecciones de este domingo generan temores a un mayor caos y violencia. Muchos se abastecieron de alimentos y salieron del país, Estados Unidos, Canadá y México pidieron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y varias aerolíneas importantes suspendieron vuelos.
El Parlamento venezolano anunció que pidió a la comunidad internacional desconocer el resultado de la elección de la Constituyente a través de una comunicación formal que fue enviada “a todas las cancillerías del mundo”.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, dijo que en esta comunicación se pide a los Gobiernos que “se tomen acciones en apoyo al pueblo venezolano”.
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, advirtió del riesgo de que la Constituyente suponga la instauración de “un sistema personalista y totalitario”.
“Este domingo se va a decidir si seguimos existiendo como República o si se instaura un sistema personalista y totalitario”, afirmó la fiscal, quien se opone al proceso para redactar una nueva Carta Magna al considerarlo inconstitucional e innecesario.
Con información de EFE y AFP
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