Palabras más, palabras menos, tanto Uribe como Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, aseguran que los acuerdos con las Farc están construidos sobre la impunidad y que los autores de crímenes atroces no pagarán por sus delitos. Uribe agrega que, además, se les dará elegibilidad política; es decir, que podrán llegar a la Presidencia, gobernaciones, alcaldías, Congreso, asambleas y consejos.
Pero, ¿en realidad se está hablando de impunidad absoluta en los acuerdos de la Habana?
¿Es la justicia transicional pactada con las Farc un sapo tan difícil de tragar, algo intolerable o injusto?
Lo primero que hay que decir es que en el mundo la regla general ha sido la impunidad, tal como lo destaca la revista Semana: “Cada vez que una guerra termina en una mesa de negociación ninguna de las partes va a la cárcel. Por la sencilla razón de que si existiera esa posibilidad, los insurgentes no aceptarían participar en ese proceso”. En Colombia, ningún guerrillero del M-19, el ELN, el EPL y el Quintín Lame terminaron en la cárcel.
Dicho esto, es claro que en Colombia no se pactó una amnistía generalizada, porque –en primer lugar- ya no las admiten las normas internacionales, en particular desde que entró en vigencia el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional, que prohíbe que se puedan indultar los llamados delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Si una negociación no cumple con unos mínimos de justicia, se corre el riesgo de que los indultados puedan ser juzgados en una corte exterior, dado que la justicia interna no fue capaz de hacerlo.
No parece ser el caso de Colombia, pues la misma creación del Tribunal Especial de Paz, pactado en el acuerdo de víctimas de La Habana, está diseñado para cumplir los mínimos aceptables de justicia.
La novedad en estos acuerdos es que hay otras formas diferentes de sanción penal, diferentes al encierro en una cárcel, sin que eso se pueda considerar impunidad.
El único requisito es que las víctimas y la sociedad conozcan la verdad y que sean reparadas, no solo materialmente, sino moralmente.
El objetivo de estas concesiones es que pueda haber una transición de combatientes hacia la vida civil, que no sería posible de otra manera.
Por ese Tribunal tendrán que pasar todos los que participaron en el conflicto armado: los guerrilleros, los militares y los que se llaman terceros.
Y los delitos que cometieron recibirán 4 tratamientos:
Primero: Si no se les logra probar que participaron en crímenes atroces, genocidio, violencia sexual, tortura, toma de rehenes, reclutamiento de menores, entre otros, la gran mayoría de los guerrilleros serán amnistiados, tal vez unos 10.000. Esto se hará a través de una ley que se tramitará en el Congreso. Aquí serán amnistiados también aquellos que ya están en la cárcel por rebelión y otros delitos conexos. Aquí la polémica es qué será considerado delito conexo, por ejemplo el narcotráfico.
Segundo: Los que sí fueron autores de ese tipo de crímenes tendrán la oportunidad de confesar toda la verdad, reconocer su responsabilidad y reparar a su víctimas y recibir una pena alternativa (a la cárcel), o sanciones restrictivas que van de 5 a 8 años.
Aunque el acuerdo no preciso qué significa la ‘restricción efectiva de la libertad’, el negociador Humberto de la Calle dijo que estas penas o sanciones están relacionadas con actividades reparadoras con las víctimas, como el desminado, la reconstrucción de instalaciones e infraestructura destruidas y los daños ecológicos.
Las sanciones reparadoras, como actividades de desminado humanitario y otras contempladas en el acuerdo, son aceptables para la Corte Penal Internacional y eso ha sido mencionado por la Fiscal.
Además estas actividades se realizarán en unos horarios determinados y estarán monitoreados por la Naciones Unidas o por una institución internacional que rendirán informes pormenorizados permanentes de las actividades del sometido,
lo que se convierte en otra garantía de seriedad en el cumplimiento de los acuerdos ante la sociedad y la comunidad internacional.
Tercero: Si los responsables de todos estos crímenes, pero los confiesan tardíamente, tendrán condenas de 5 a 8 años de cárcel.
Cuarto: Si no los confiesan y se prueba que los cometieron en juicio, recibirán condenas de entre 10 y 20 años de cárcel, en lugares como La Modelo o La Picota.
Lo que es claro es que todos los integrantes del Secretariado de las Farc, incluso los negociadores que estuvieron en La Habana, que tengan procesos por delitos que no son amnistiables van a ser sometidos a este tribunal especial para la paz. Incluso, va a haber una sala de este tribunal que revise si quienes fueron amnistiados lo merecen.
Y los que aspiren al beneficio de la amnistía también serán evaluados por una sala de este tribunal para ver si pueden ser acreedores a este beneficio.
Para evaluar cada caso, el tribunal recibirá toda la información de la Fiscalía y la justicia ordinaria que, a juzgar por lo que ha dicho el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, va a ser activa, detallada y vigilante y no va a ser fácil eludirla.
Uno de los argumentos del expresidente Álvaro Uribe y de otros críticos es que lo acordado con las Farc no cumple con los estándares y exigencias de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, la Fiscal de esa Corte hizo una declaración que fue interpretada como un aval a los acuerdos con las Farc:
Noto con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra… el acuerdo logrado con las Farc “es sin lugar a dudas un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano”.
El negociador del Gobierno Humberto de la Calle explica la filosofía de los acuerdos: “Más allá del número de procesos penales y los años de privación de la libertad, la verdadera lucha contra la impunidad se concentra en revelar qué fue lo que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas y repararlas integralmente de manera pronta, y atribuir responsabilidad a los máximos responsables de los crímenes internacionales, a través de mecanismos públicos, de fácil acceso, con decisiones prontas y claras, que les permitan a las víctimas y a la sociedad volver a confiar en las instituciones”.
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