El limbo en el que quedó la verificación de Naciones Unidas al proceso de paz

Existe preocupación por el futuro de la misión, aprobada por el Consejo de Seguridad, por la incertidumbre de la concentración y el desarme.

 
Santos en la ONU
Apoyo de la ONU a Colombia - / AFP

La primera en advertir que la misión de las Naciones Unidas podía irse del país en el mediano plazo fue la canciller María Ángela Holguín, quien señaló que sin zonas de concentración ni guerrilleros para desmovilizarse, no existe razón para su presencia.

Si bien la misión no depende del acuerdo, pues fue creado por resolución de la ONU, su mandato sí depende de que haya zonas de concentración y comience el desarme, tema que actualmente está congelado.

Por eso, ese fue uno de los temas planteados por el expresidente Uribe luego de su encuentro con el presidente Santos: garantizar la continuidad de la misión, mientras se resuelve la reanudación del proceso de paz y velar por la seguridad de los combatientes mientras se decide cuándo continúan su tránsito a la vida civil.

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Tras su encuentro con Santos, el expresidente Uribe pidió que la comunidad internacional acompañe a Colombia luego del triunfo del “no” en el plebiscito celebrado el domingo sobre el acuerdo de paz con las Farc.

Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz”,

declaró Uribe.

Es decir, la idea de Uribe se sale del mandato, pero el Gobierno podría gestionarla unilateralmente y debe hacerlo rápido para evitar un desgaste innecesario.

Los miembros de la ONU están desplegados en las zonas de concentración acordadas entre Gobierno y Farc y cuya entrada en vigencia estaba atada a las facultades extraordinarias del presidente y que a su vez dependían de la aprobación del plebiscito.

La misión de verificación de la ONU quedó activada el pasado 26 de septiembre, según dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Con la firma de este acuerdo se activa el mandato de la misión política especial de las Naciones Unidas para el monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de armas”,

declaró Ban a periodistas en Cartagena de Indias, luego de en la firma de los acuerdos de paz.

El diplomático destacó en su momento que se han “preparado intensamente para este momento” con el liderazgo de su representante especial y jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault.

Se trata de 200 observadores y civiles desarmados provenientes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ya se encuentran “en el terreno” y están “en comunicación con las comunidades” y las autoridades locales.

Su número va a ir creciendo rápidamente a medida que los primeros pasos del proceso de paz se realicen”,

añadió.

La misión de la ONU, aprobada en enero pasado por el Consejo de Seguridad y respaldada de forma unánime por el Consejo de Seguridad, formará el componente internacional del mecanismo tripartito para supervisar el alto el fuego, en el que participan también representantes del Gobierno y de las Farc.

Este trabajo conjunto es fundamental. Constituye una garantía inicial para todos los colombianos de que se avanza con lo acordado y aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU”,

había dicho en su momento el coordinador del Mecanismo y jefe de los observadores internacionales de la Misión de la ONU en Colombia, Javier Pérez, en un comunicado.

A la fecha se desconoce si los nueve miembros de las Farc que formaban parte de la comisión siguen activos en ella o se encuentran a la espera de las decisiones.

Representates de las partes iban a iniciar su tarea en Florencia, Popayán, San José del Guaviare, Valledupar y Villavicencio, cinco de las ocho sedes regionales del mecanismo de monitoreo y verificación.

Este mecanismo que instalamos hoy refleja el compromiso del Gobierno Nacional, de las FARC y de las Naciones Unidas de iniciar la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”,

dijo el contralmirante Orlando Romero, delegado del Gobierno, la semana pasada.

Con EFE

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