Los únicos que no podrán hacer campaña son los empleados de “la Rama Judicial, los organismo de control, la organización electoral (Registraduría) y los cuerpos de seguridad del Estado”.
Eso quiere decir que los funcionarios de la Procuraduría y la Contraloría, por ejemplo, no podrán promover el ‘sí’ o el ‘no’.
Los empleados del Estado que sí están habilitados para hacer campaña tendrán varias restricciones:
- Usar “los bienes y elementos públicos destinados para el cumplimiento de sus funciones”.
- Presionar a subalternos para votar por una de las opciones
- Prometer beneficios a cambio del voto por una de las opciones
- Alterar el presupuesto para favorecer una campaña
Por otro lado, respecto a la participación ciudadana, se permite la conformación e inscripción de comités para promover el ‘sí’ o el ‘no.
Cada una de las campañas, a nivel nacional, podrá tener hasta máximo 3.920 millones de pesos de financiación privada.
En Bogotá, la cifra el límite será de 1.308 millones de pesos, y en las capitales departamentales, 653 millones.
Además, cada uno de los comités promotores podrá acceder a este número de avisos de prensa y cuñas:
También hay reglas sobre el número máximo de vallas que los comités podrá instalar
- 8, en municipios de sexta, quinta y cuarta categoría
- 12, en municipios de tercera y segunda categoría
- 20, en municipios de primera categoría y de categoría especial
- 30, en Bogotá
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