La consideración de la autoridad electoral se da a propósito de las preocupaciones que generó el registro de los datos de cada votante en una planilla según la coalición en la que participaron, lo que muchos consideraron como una violación del derecho al voto secreto.

Esas planillas estaban divididas por la Gran Consulta por Colombia, de la derecha, y la Consulta Inclusión Social para la Paz, de la inquierda. En los datos quedó registrado el número de cédula y el nombre, con lo que se puede identificar la “tendencia política o ideológica de los ciudadanos”, lo que el CNE considera como “dato sensible”, explica el documento citado por El Espectador.

“Lo más grave es que a dicha información podían acceder los distintos partidos políticos y, de esa forma, sus directivas hubiesen podido verificar con exactitud qué ciudadano decidió votar en las consultas y a favor de quién lo habían hecho”, agregó el diario.

El artículo continúa abajo

Por esa razón, el CNE radicó un proyecto para que se destruya ese material, y que además critica la falta de planeación en la que habría incurrido la Registraduría porque “las medidas de los cubículos no facilitaron la apertura completa de los tarjetones, pues por su tamaño estos se los espacios diseñados para su diligenciamiento y tampoco permitían la privacidad”, aspecto que deberán garantizar en las próximas elecciones, agrega el texto.

A partir de la fecha que se expida el documento, la Registraduría tendría un periodo de cinco días para destruir el material y hacerlo en audiencia pública en presencia de representantes de todos los partidos participantes en las consultas, de la Procuraduría, la Fiscalía y de ciudadanos u organizaciones interesadas en el proceso.