“El Ministerio Público no puede permitir que una persona que haya incurrido en la compra de votos y la corrupción al sufragante, pueda iniciar sus labores legislativas como si nada hubiera pasado”, dijo Carrillo en su declaración.

De igual manera, dijo que acudirá al Consejo Nacional Electoral para que suspenda el trámite administrativo que deja en pie la elección de Merlano como senadora de la República, tras haber obtenido una de las 15 curules del Partido Conservador con 73.250 votos el pasado 11 de marzo.

El procurador invitó también a que el comité de control ético del Partido Conservador realice de manera rápida las investigaciones pertinentes y aplique las sanciones más drásticas, entre ellas, la expulsión del partido.

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En las pruebas que la Fiscalía entregará a la Corte Suprema de Justicia estaría la sofisticada red de compra de votos, vigilada hasta con código de barras; los 268 millones de pesos incautados en su sede de campaña en Barranquilla; y 4 armas de fuego (2 revólveres, 1 escopeta y 1 pistola). Con tales pruebas, Merlano tendría que responder por delitos como lavado de activos, corrupción al sufragante y fabricación y tráfico ilícito de armas, entre otros.

El procurador Carrillo solicita que se aplique la sanción de la silla vacía. Sobre este caso, el diario El Tiempo indica que Merlano no podría posesionarse en su curul solo si la Corte Suprema de Justicia dicta medida de aseguramiento antes del 20 de julio, fecha en la que toma posesión el nuevo Congreso. Pero, si no se da esa orden de captura, la senadora electa podría asumir funciones mientras avanza la investigación de la Corte.