En total, Venezuela debe 150.000 millones de dólares, y PDVSA, en 2018, tendrá que pagar unos 8.000 millones de dólares.
Esta deuda es por créditos de inversores privados. Y las reservas de Venezuela, según la AFP, son de 9.700 millones de dólares.
Si un país entra en ‘default’, es decir, en cesación de pagos, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas astronómicas.
En el caso de Venezuela, Washington, además, ya prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de ese país y de PDVSA.
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Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela, lo más importante es la compañía Citgo, basada en Estados Unidos, que refina y comercializa gasolina en ese país.
Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia, pero también inversores, la mayoría de Estados Unidos, seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas dado lo mal considerada que está su deuda.
En el plano judicial, un país en default queda expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores.
Además, el país en cuestión como etiquetado como “mal pagador” lo cual complica y encarece la obtención de fondos frescos.
El FMI podría eventualmente promover un rescate, pero esa posibilidad no está siendo considerada por Caracas en el presente. Venezuela aún integra el FMI, pero cortó sus relaciones con el organismo hace 10 años.
De otro lado, el lobby que reúne a tenedores privados de deuda, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), decidió reunirse el lunes en Nueva York para evaluar las consecuencias del atraso de los pagos de PDVSA.
AFP
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