Cuando se posesionó, el 12 de enero de este año, la alta funcionaria, una abogada de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho de Familia del mismo centro educativo, lo hizo bajo el manual de funciones que regía entonces en la entidad, y que establecía como requisitos indispensables para ese cargo una maestría en áreas relacionadas con derecho, economía, administración, contaduría pública o ingeniería industrial, entre otras profesiones afines, revela Norbey Quevedo Hernández en el diario capitalino.

Con su perfil, de acuerdo con información de la página web de la Supersolidaria, ella acumuló más de 17 años de experiencia en diferentes cargos en el sector público, como directora de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República, directora de la Oficina Jurídica de la Auditoría General de la República y directora de la Oficina de Planeación de la misma entidad, secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, jefe de la Oficina de Informática de la misma entidad, directora del Centro de Documentación Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y Magistrada Auxiliar de la misma Corporación. En el sector privado suma más de 14 años de experiencia en docencia y otros cargos administrativos.

Pero los títulos académicos de Gutiérrez Dueñas, según el manual de funciones que adoptó la entidad por resolución del 17 de marzo de 2015, expedida por su antecesora (encargada), Dunia de la Vega, no eran suficientes (en otras palabras: Gutiérrez Dueñas no tenía los requisitos) para que asumiera el cargo al frente de una entidad que debe vigilar la actividad de unas 5.000 cooperativas con seis millones de asociados, precisa El Espectador.

Las exigencias que establecía el manual de funciones que dejó De la Vega se entienden porque esa Superintendencia es un organismo técnico del Estado encargado de supervisar la naturaleza jurídica y la actividad de las empresas de la economía solidaria que se encuentran sometidas a su supervisión, vigilancia y control, explica la Red Nacional de Protección al Consumidor. “Tiene por objeto la supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria”.

Sin embargo, señala la denuncia que cita El Espectador, el 6 de julio pasado Gutiérrez Dueñas firmó una resolución que “actualizó, modificó y adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del organismo de control”. En ese nuevo documento, “la funcionaria habría modificado […] el requisito de especialización o maestría en áreas relacionadas con el cargo de superintendente de economía solidaria y lo dejó como un requisito de especialización y maestría”.

Consultada por ese medio, Gutiérrez Dueñas aseguró: “Cumplo plenamente con los requisitos del cargo”. Y dijo sobre la modificación del manual de funciones: “Lo que fue interpretado de manera equívoca es que en julio de este año, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó la Oferta Pública de Empleos de Carrera, hicimos una modificación general del manual de funciones de la entidad para incluir las equivalencias de los profesionales de carrera”.

“En el caso del superintendente, lo que se hizo fue ajustar el manual al Decreto 1083 de 2015, que establece los requisitos para desempeñar el cargo. Desconozco quién esté interesado en cuestionar mi nombramiento. Pero por supuesto, todos los documentos que acompañan mi hoja de vida son públicos”, agregó.

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