Puntualmente, con la obstrucción de “la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores y en consecuencia restringirles el acceso a liquidez al no permitirles negociar o descontar libremente sus facturas con terceros, empresas de factoring, entidades financieras u otras personas”, afirmó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en rueda de prensa.

Sumado a esto, la SIC formuló pliego de cargos contra 15 altos directivos de las empresas invistigadas por, presuntamente, haber autorizado, facilitado y ejecutado las conductas presuntamente anticompetitivas.

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“Adicionalmente, la Superindustria formuló pliego de cargos contra Deloitte & Touche, Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young y Kpmg, que en su calidad de revisores fiscales, habrían incumplido con su deber de pronunciarse en su dictamen anual de revisoría sobre la constancia que debió dejar la administración de las empresas investigadas”, explicó Robledo.

La SIC también dijo que hay otras empresas que están en etapa de indagación por haber incurrido en una o varias de las siguientes prácticas inadecuadas:

  1.  Retener el original de las facturas emitidas por sus proveedores para evitar que el acreedor endosara o pudiera poner en circulación la factura.
  2. Exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de los requisitos legales con el fin de que no constituyeran títulos valores y, por ende, no pudieran circular en el mercado de venta el descuento de las facturas.
  3. Imponer requisitos extralegales para la elaboración de las facturas.
  4. Obligar a los proveedores a negociar las facturas únicamente con un determinado un factor, compañía de factoring, entidad financiera.
  5. Obligar a sus proveedores a negociar o descontar facturas únicamente con ellas mismas, es decir, con las investigadas, y por ende no permitir el endoso o descuento con terceros, empresas de factoring, entidades financieras u otras personas, so pena de aplicarles retaliaciones comerciales, penalizar, revisar o terminar la relación contraactual.

De comprobarse que dichas empresas incurrieron en las prácticas mencionadas, las multas podrían ascender a 75 mil millones de pesos, y los funcionarios investigados deberían pagar alrededor de 1.500 millones.

Hasta el momento las compañías no se han referido a la apertura de investigación de la SIC.

Esta es la rueda completa de Robledo:

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