En el informe publicado por Casa de Nariño, el Jefe de Estado argumenta que esta ley vulnera el principio de solidaridad, entre otras cosas, porque se trata de “un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes  que conforman el sistema”, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.

El Gobierno considera, además, que el presupuesto público no puede asumir el cargo de reconexión porque terminará siendo una “carga para el fisco nacional”. Y agrega que de tener procedencia la norma, que modifica la Ley 142 de 1994, “necesariamente tendrán que aumentarse, de manera general, las tarifas del servicio”.

El Ejecutivo defendió que, contrario a lo que se dijo en el Congreso, las empresas de servicios públicos sí incurren en costos cuando realizan una reconexión que surge como consecuencia de un corte o una suspensión por la mora que presentó el usuario.

“Las empresas de servicios públicos sí incurren en gastos operativos, técnicos y administrativos”, precisa el informe de Casa de Nariño.

Así las cosas, ¿qué viene ahora para esta norma? Las razones que argumentan constitucionalidad e inconveniencia del Gobierno ya fueron enviadas al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, ahora tendrán que pasar a estudio en marzo próximo, cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso.

El visto bueno de la norma se dio en plenaria de la Cámara de Representantes en octubre pasado. Lo aprobado establecía que el cobro por reconexión no se haría, siempre y cuando el servicio se suspendiera por cuenta de la mora en el pago, explica Ámbito Jurídico. Si hubiera una causa diferente, el suscriptor tendría que asumir el costo y las otras sanciones establecidas.

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