Eso, antes de subir al 2,9 % en 2018, según el informe semestral de perspectivas de la Organización, que además dio un respaldo claro y explícito a la reforma fiscal del Gobierno de Juan Manuel Santos, cuya aprobación en el Parlamento considera “crucial” para elevar los ingresos públicos, estimular la actividad y afrontar los “retos sociales” del país.

Los autores del estudio corrigieron las cifras sobre Colombia que habían dado en junio pasado, ya que esperan ahora un incremento del producto interior bruto (PIB) tres décimas inferior en 2016 y cinco décimas menos en 2017, a cuenta esencialmente del entorno externo.

A ese respecto, señalaron varios elementos preocupantes como la debilidad del comercio internacional, las incertidumbres sobre la política monetaria en Estados Unidos (se prevé una subida de tipos) o posibles evoluciones “adversas” en otras economías emergentes, en particular China y Brasil, que podrían aumentar la volatilidad financiera y disminuir los flujos de capital.

En cualquier caso, la OCDE subrayó que la actividad debería reforzarse en los dos próximos años, de la mano de una demanda externa superior y de una recuperación de la producción agrícola tras el final del episodio de El Niño.

Otros elementos alentadores son la reciente recuperación de los precios del petróleo y la recuperación de la inversión (tras la caída del 1,8 % en 2016, debería progresar un 2,2 % en 2017 y un 2,9 % en 2018).

El conocido como Club de los países desarrollados —al que Colombia está en trámites de ingresar— afirmó que el ajuste fiscal que ha llevado a cabo el Gobierno de Juan Manuel Santos debería continuar “para mantener la credibilidad”.

Por eso, apoyó la reforma fiscal, necesaria a su juicio para elevar los ingresos, reducir la dependencia del mercado petrolero y cumplir con una serie de necesidades económicas y sociales.

La OCDE indicó que a medio plazo las reformas claves tienen que fijarse como objetivo reducir la informalidad del mercado laboral, elevar el impuesto sobre la renta, promover la inclusión financiera de la población y un incremento sostenido de la inversión pública.

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