Con ‘leguleyadas’, Mintransporte quiere apagar a Uber en Colombia

Se trata de una nueva estrategia relacionada con instaurar demandas para lograr el bloqueo de la aplicación con una orden judicial.

 
AFP

En una declaración hecha durante el pasado Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros, y replicada por El Tiempo, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, aseguró que en unas cuantas semanas se van a “instaurar unas demandas con solicitud de medidas cautelares, que permitan desactivar de manera definitiva las plataformas que están facilitando la prestación de un servicio de transporte ilegal en Colombia”.

El funcionario, además, comparó el servicio que presta Uber con la venta de productos de contrabando y dijo que no hay diferencia alguna entre los dos. Además, pese a que dice que la entrada de tecnología es bienvenida en el país, insiste en que no es posible facilitar que este tipo de plataformas presten un servicio por fuera de la legislación.

De esta forma, el Ministerio estaría actuando con base en lo dicho, de forma reiterada, por el Ministerio TIC en torno a que la aplicación solo puede ‘apagar’ si hay una orden judicial.

Esa cartera argumenta también que en Colombia hay neutralidad de red y la única excepción es cuando se presenten casos de pornografía infantil y bajo la medida de un juez.

“En caso de que un juez dijera que hay que “bloquear” Uber, el Ministerio TIC de todas formas tampoco tendría la facultad de hacerlo, pues quienes tienen las redes por donde fluyen los datos son los operadores como Claro, Tigo y Movistar. El Mintic tendría solamente que vigilar que esos privados cumplieran la orden”, asegura El Espectador.

Uber, por su parte, se manifestó frente a la intención del Gobierno y emitió un comunicado en el que señala:

El progreso sólo es posible a través del cambio e implica defender lo que es mejor para los ciudadanos. El derecho de los colombianos a tener una alternativa de movilidad más segura y confiable, así como el acceso a una oportunidad flexible de ingreso para las personas que necesitan una ayuda extra en su economía, está protegido por la Constitución colombiana. Estamos acudiendo a las instancias que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para que ese derecho sea respetado”.

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