Sus principales ‘enemigos’ ahora son las multinacionales de varios países con los que Colombia selló los TLC para, supuestamente, hacer ‘amigos’ a la hora de hablar de negocios.

Entre las empresas que sostienen una disputa jurídica, que incluye billonarios montos, se destacan Glencore, Eco Oro, Cosigo y Claro. Según revista Dinero, estas grandes marcas están amparadas bajo los acuerdos comerciales que firmó Colombia con Estados Unidos, México y Canadá, y otros pactos relacionados con protección a la inversión.

Cosigo, por ejemplo, pretende ganarle una demanda al Estado colombiano en la que argumenta cambios en las reglas de juego y poca seguridad en materia jurídica que, según ese mismo medio, puede terminar en expropiación o la violación del “trato justo y equitativo”. El monto que exige en el pleito es de 16.500 millones de pesos.

Los líos jurídicos con las empresas mencionadas ya llegaron a oídos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el foro de arbitraje y conciliación del Banco Mundial, en el contexto de las reglas de arbitraje de la Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), agrega Dinero.

El Gobierno no se ha pronunciado con mayores detalles sobre cada caso y, según esa misma revista económica, la preocupación se centraría en que otras empresas mineras, de servicios o de telecomunicaciones acudan también a escenarios internacionales para buscar sacarle ‘jugo’ a los vacíos jurídicos y diferencias con las normas que afecten sus inversiones en el país.

“Puede venir un tsunami de casos porque nos pusimos a firmar tratados de libre comercio y de inversión y pensamos que nunca nos iban a demandar y que no había que hacer la tarea por dentro para corregir las cosas”, señala un abogado, citado por ese mismo medio.

Además de las empresas mencionadas, dice el diario El Tiempo, hay otro conflicto jurídico que tiene en vilo al Estado colombiano y tiene que ver con la posibilidad de levantar una patente a un medicamento de la multinacional suiza Novartis, que podría terminar en un nuevo reclamo en el marco del TLC que tienen ambos países.

“Las entidades del Gobierno tienen que ser muy cuidadosas en analizar, cuando hay una modificación de las condiciones iniciales de inversión o cuando hay cláusulas especiales en materias como la vigencia de una marca o patente”, asegura Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araújo Ibarra & Asociados (consultoría en negocios internacionales), citado por ese mismo diario bogotano.

Carlos Slim demandará

Uno de los casos más polémicos tiene que ver con la posible demanda que instauraría América Móvil, de Carlos Slim, por la reversión de activos para la prestación del servicio móvil que son operados por Comcel (Claro), y que son exigidos por el Estado colombiano.

Según informó el diario El Universal, de México, el magnate aspira a una compensación con el alegato de una violación por parte de Colombia al TLC que firmó con el país manito.

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