Las zonas de reserva minera que quedaron sin vigencia en Colombia

Así lo determinó la Corte Constitucional de Colombia este lunes a través de una sentencia.

 
Mineria
AveLardo (vía Flickr).

El Alto Tribunal dejó sin vigencia varias resoluciones por medio de las cuales el Gobierno estableció áreas para la explotación minera en 20 departamentos del país porque no se hicieron consultas previas con los pueblos indígenas y comunidades negras.

La determinación fue adoptada por la Corte al fallar una tutela (recurso de amparo) interpuesta por 17 consejos comunitarios de diferentes poblaciones del departamento selvático del Chocó, en el noroeste del país.

En su sentencia, la Corte advierte a los ministerios del Interior, de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería, “que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y obtención de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras”.

La decisión implica que no se puede llevar a cabo ninguna explotación minera en los departamentos Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión de la Corte Constitucional y anunció que hará “seguimiento a la regulación de los procesos de selección objetiva sobre asuntos de minería e industria extractiva”.

“La delimitación de áreas estratégicas mineras sobre territorios de pueblos indígenas y comunidades negras genera una afectación directa sobre estos grupos que crea el deber de consultarlos previamente”, explicó.

La Defensoría recordó que su delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, apoyó la acción de tutela interpuesta por la ONG Tierra Digna que dio lugar a esta sentencia.

Asimismo, destacó que la delimitación de áreas estratégicas mineras no es una “mera expectativa” de titulación minera sino que impone un uso específico de los suelos que los destina a actividades extractivas.

La Defensoría considera además necesario fortalecer la participación de la ciudadanía y de los grupos étnicos sobre asuntos relacionados con la industria minera y extractiva que puedan afectarlos.

EFE

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