La Anif, además, dice que se han excluido del Sisbén a 3,7 millones de personas “en servicios fundamentales de salud”.

Según ese centro de investigaciones, hay un gran problema porque el Sisbén es usado por congresistas y autoridades políticas “para sus componendas políticas-territoriales”.

“Los inscritos en el Sisbén llegaban, hasta hace poco, a unos 35 millones (el 70% de la población), pero en realidad aquellos en pobreza absoluta tan solo eran 14 millones (28% de la población) y aquellos en ‘indigencia’ (con recursos solo para alimentarse) eran 5 millones (9% de la población)”, dice la Anif, y agrega:

Esto quiere decir que la distorsión política que padece el Sisbén es al menos de un 42%, si se mide contra pobreza absoluta, y de un abismal 60 %, si se compara con la indigencia”.

 

Las cifras de la Anif están muy por encima de las del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que el pasado 4 de mayo reportó que había 282.575 registros irregulares en el Sisbén.

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“De los 653.143 registros irregulares que había en septiembre de 2015, se pasó a 282.575 en febrero de 2017, lo que representa una reducción cercana al 60 por ciento de casos anómalos”, declaró el entonces director de la entidad, Simón Gaviria.

Al respecto, la Anif dice que los esfuerzos del DNP para reducir el número de colados “apuntan en la dirección correcta”. Sin embargo, de acuerdo con la asociación, esos esfuerzos no se hacen con “la magnitud y la velocidad” adecuadas debido a reclamos de los políticos.

Cabe explicar que el Sisbén, como tal, no es un subsidio, sino un sistema para identificar “potenciales beneficiarios de programas sociales”, es decir, un sistema que, por medio de un puntaje, sirve para determinar quién necesita o no un subsidio, o seleccionar a los que pueden estar, por ejemplo, en programas como ‘Ser Pilo Paga’.

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