Así lo asegura el diario El País, de España, que explica que el objetivo de la compañía es salvar a Movistar frente a la amenaza del laudo arbitral que la condena al pago de 1,6 billones de pesos colombianos por el caso de reversión de activos que esta empresa (y Claro) debían hacer al Estado por cuenta de la concesión que recibieron para operar en el país.
La primera de las jugadas que puso en marcha Telefónica es solicitar al tribunal de arbitraje que emitió la condena una aclaración para definir si la compañía tiene que acatar, realmente, dicha indemnización. Frente a esto, explica El País, el tribunal tiene plazo hasta el próximo 16 de agosto para pronunciarse.
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Una segunda jugada da cuenta de que si la contestación del tribunal es en contra, el grupo español optará por llevar el caso ante el Consejo de Estado colombiano para que este declare nulos los efectos del mencionado laudo. Dicha instancia debe resolver el caso en un plazo máximo de 3 meses, según fuentes cercanas a Telefónica, y citadas por ese medio español.
El tercer recurso se aplicaría en caso de que el Consejo de Estado le confiera procedencia al laudo y mantenga la condena en contra de Movistar, y consistiría en acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), un organismo del Banco Mundial, con el argumento de que “el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por ambos estados”, afirma El País.
Tanto Comcel (Claro) como Telefónica han insistido en las últimas semanas en que los 4,7 billones de pesos que suma la condena para ambas compañías supera el total de la inversión que han hecho todos los operadores de telefonía móvil en el último año.
Sumado a esto, Telefónica ha manifestado que, tras la decisión, podría dar marcha atrás a la recapitalización de Movistar, que comparte con el Estado Colombiano, por unos 300 millones de euros.
Otra posición, diferente a la expuesta por El País, es señalada este miércoles por el diario Portafolio, que afirma que Claro y Movistar pagarían a plazos el millonario fallo.
“El Gobierno acordó con ambos operadores para que no paguen la deuda en un solo desembolso”, afirma Portafolio. Sin embargo, da por hecho una impugnación del laudo ante el Consejo de Estado.
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