¿Por qué Colombia no hace nada contra corrupción de Odebrecht y Perú sí?

La comparación surge porque el gobierno del vecino país decidió, hace una semana, no volver a suscribir contratos con la firma.

Odebrecht
| AFP

Al respecto, el periodista Alberto Castaño Camacho, que ha investigado el caso, aseguró, en La W Radio, que desde abril del año pasado, cuando se conocieron las primeras denuncias sobre la firma, Colombia habría podido tomar una decisión similar a la de Perú.

Según Castaño Camacho, la ley 1778 de 2016, expedida en febrero, dice que las personas que hayan incurrido en delitos contra la administración pública, así sean fuera del país, están inhabilitadas para contratar con el Estado.

“No se debe desconocer que la gran cantidad de socios que integran Odebrecht SAS, que es la colombiana, son todos empleados y directivos de la segunda, la empresa del Lava Jato [caso de corrupción en Brasil]”, declaró Castaño Camacho.

De acuerdo con el periodista, en su momento fueron consultados distintos funcionarios, como Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, y “ninguno quiso entrar en el debate de que el estatuto anticorrupción le impedía a Odebrecht contratar en Colombia, y, sin embargo, ahí estaba la Ruta del Sol”.

El periodista pone el ejemplo de Marcio Faria Da Silva (condenado a 19 años de cárcel), que, siendo representante legal de Odebrecht Brasil, firmó un acuerdo para servir de garante para Odebrecht Colombia en el consorcio Navelena (encargado de las obras de navegabilidad del río Magdalena).

Además de Da Silva, otro vinculado al caso ‘Lava Jato’ que hizo parte de la junta directiva de Odebrecht Colombia es Luiz Antonio Mameri, añadió Castaño Camacho.

Así que, para el periodista, lo que pasa en Colombia “es simplemente falta de voluntad política”: “Es como un temor, un miedito, que nos da de no aplicar la ley”.

La diferencia entre Perú y Colombia

Odebrecht aceptó haber pagado sobornos por 29 millones de dólares en Perú.

Además, de decidir no volver a contratar con la empresa, el gobierno de ese país autorizó un presupuesto adicional para que la Fiscalía y la Procuraduría avancen en las investigaciones sobre corrupción.

Así mismo, empezó a promover una nueva ley para “impedir que empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones”, declaró el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi.

Por último, la Fiscalía de Perú llegó a un acuerdo que le exige a Odebrecht dos cosas: entregar información relacionada con corrupción y dar 30 millones de soles (un poco más de 26.000 millones de pesos) “como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas”. O sea, la empresa tendrá que pagar más dinero.

Para el caso de Colombia, la firma brasileña confesó que dio 11 millones de dólares para quedarse con licitaciones.

Hasta ahora, la Presidencia de Colombia le pidió “a los entes de control y a la Fiscalía General actuar con el mayor rigor, celeridad y determinación”.

La Fiscalía, por su parte, empezó a inspeccionar entidades colombianas, citó a los abogados de Odebrecht que participaron en los contratos de la Ruta del Sol y llamó a declarar al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, así como a un exdirector de Invías.

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