Arcos Dorados, los dueños de la franquicia de la multinacional de comidas rápidas, demandaron a la Nación con el argumento de exigir unos beneficios de estabilización de normas en el marco de un contrato más conocido con el nombre de Estabilidad Jurídica. Sin embargo, el Tribunal argumentó que la compañía no tenía la razón.

Uno de los argumentos expuestos es que el demandante, por el hecho de hacer una solicitud de contrato con los requisitos exigidos, no se hacía acreedor al beneficio del Estado, solo al estudio que define qué tan viable es.

“El estudio que hace el Gobierno debe tener en cuenta criterios económicos, técnicos y fiscales que deben ponderar si la inversión requiere ser promovida en sacrificio de los recursos que se recaudarían en impuestos destinados a inversión social en el sector de la economía que solicita el contrato”, explica un comunicado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, citado por revista Dinero.

Según W Radio, Arcos Dorados interpuso la demanda contra los ministerios de Comercio y Hacienda, y Planeación Nacional porque no le concedieron la figura jurídica que, según argumenta el Ejecutivo, “favorece las inversiones en la apertura de nuevas tiendas McDonald’s”.

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