Sobre el tema, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, aseguró al diario El Tiempo que el proceso se inició por voluntad del Gobierno y va de la mano con el deseo de algunos integrantes de la industria hotelera para que se regule el funcionamiento del servicio de Airbnb, una plataforma exitosa en varias partes del mundo por permitir la publicación y reserva de viviendas privadas.

Las empresas vinculadas a Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) ya se pronunciaron sobre el proceso y exigen a Airbnb que se convierta en un prestador de servicios turísticos formales y cumpla con la regulación exigida a través del Registro Nacional de Turismo (RNT) y de la licencia de funcionamiento del sector, afirma El Tiempo. Entre los argumentos se encuentra que todas las demás empresas sí cumplen con sus obligaciones tributarias y demás costos exigidos para funcionar de forma legal en el país.

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La posición de la famosa plataforma ha sido de buen tono frente a colaborar con las autoridades para que potencialice el turismo alternativo en el país y se expanda a otros lugares de las ciudades. Además, no se resiste a compartir la información adquirida durante su trabajo no solo en Colombia, sino en varios países.

“Estamos comprometidos a compartir información agregada sobre nuestra comunidad, y hemos entrado en acuerdos de colaboración con más de 275 jurisdicciones en todo el mundo”, aseguró Airbnb a El Tiempo.

Para tener una idea de lo que ha sido la regulación de la plataforma en otros países, el ejemplo más cercano se dio en Ciudad de México, en donde Airbnb paga el 3 % de impuesto por la prestación de servicios de hospedaje a sus usuarios.

Según El Universal, de México, esa ciudad capital se convirtió en la primera de América Latina en regular el servicio de renta de alojamientos por Internet. Allá, por cada reserva que se realiza, se le paga ese porcentaje mencionado al Gobierno.

Su legalización ha dado muy buenos resultados y cifras de 2016 dan cuenta de que Airbnb logró 84,3 millones de dólares y aumentó la prestación de sus servicios en un 174 % tras convertirse en una plataforma legal. Por supuesto, el beneficio también es para el Estado.

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