Y en el caso extremo de que eso ocurra (evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación), verificar cómo se garantizará la devolución de los recursos, recalca el Contralor.

Maya Villazón recordó que las garantías otorgadas por la Nación ascienden a 135.000 millones de pesos (unos 47,4 millones de dólares) y que adicionalmente tiene un crédito de 320.000 millones de pesos (unos 112,5 millones de dólares) para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera.

“Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”, explicó Maya Villazón.

Por otro lado, el ente de control llamó la atención para que el pasivo pensional a cargo de la empresa, alrededor de un billón de pesos (unos 351,7 millones de dólares) no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado.

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La Contraloría dijo que no se le entregó la información relevante para su ejercicio auditor, relacionada con la revisión de un contrato entre Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por 6.000 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares) para apoyar a la empresa en la estructuración e implementación de la solución adecuada para lograr la continuidad del servicio público.

Electricaribe, intervenida en 2016 por problemas financieros que afectaron la prestación del servicio, suministra electricidad a 2,5 millones de clientes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre, todos de la región Caribe.

Tras la intervención de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos dispuso la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio.

A esas medidas, Gas Natural Fenosa respondió con un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación.

EFE

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