Manifiestan su “completo desacuerdo con que el partido Cortuluá-Nacional se lleve a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en cualquier fecha”, como si fueran propietarios de la cancha, olvidando que ese escenario deportivo no pertenece ni siquiera al equipo que apoyan, sino a la Universidad del Valle y al pueblo caleño.

Dejan por escrito que no se hacen “responsables de la seguridad de Cali en caso de que tal partido se desarrolle”, olvidando de plano que esa labor les corresponde al gobierno de la ciudad, la Policía y demás autoridades competentes, como bien resaltó la subsecretaria de seguridad Claudia Lorena Muñoz, en rechazo al comunicado de la barra.

Agregan que no asumen “ningún tipo de compromiso de buen comportamiento”, ignorando quizá la cantidad de veces que América ha tenido que ir golpeando de puerta en puerta en busca de una cancha prestada para jugar sus partidos oficiales, y muchas de estas se han cerrado precisamente por los destrozos que dejan muchos delincuentes y vándalos disfrazados de seguidores del fútbol.

“Ni garantizamos buena convivencia”, anuncian hoy, cuando, en los últimos seis años, América tuvo que recoger su taquilla en Tuluá, Buga, Palmira, Cartago, Pereira, Bogotá, e incluso Girardot (Cundinamarca), y varias de esas puertas quedaron cerradas debido a los delincuentes vestidos de hinchas del fútbol que arrasaron con esas ciudades a su paso.

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Además, la actitud de quienes dicen ser seguidores fieles de un equipo recién ascendido a la categoría profesional por el esfuerzo y pundonor de sus jugadores, el trabajo del cuerpo técnico y las directivas, y el empuje de los verdaderos hinchas que entienden el fútbol como un instrumento de paz y convivencia, no puede ser la promoción de antivalores y de odio.

¿Qué tipo de comprensión de autoridades locales y de todos los colombianos es la que espera la barra Barón Rojo Sur?

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