Ahora se trataba solo de limpiar su nombre y no tuvo los medios para hacerlo, según reveló la ciclista en entrevista a El Colombiano.

Calle indicó que nadie en el país conoce sobre la GHRP-2, sustancia por la que dio positivo en un control antidopaje previo a su competencia en los Juegos Panamericanos 2015. También que ni el Comité Olímpico Colombiano, ni Coldeportes, le ayudaron con un tiquete aéreo nacional para poder practicarse exámenes médicos.

Pero entonces, ¿por qué si está convencida de su inocencia, como lo estuvo durante la lucha por la medalla olímpica, esta vez desistió de seguir con su defensa y aceptar como si se hubiera dopado? Ella respondió:

Tocó firmar la carta aceptando la sanción para que no se fuera a otra instancia, ya que me cobraban 7.500 francos suizos y no los tengo”.

Explica Antena 2 que “un abogado para llevar un caso como este ante la UCI, cuesta como mínimo 150 millones de pesos y la deportista no cuenta con el dinero” y relata además que una vez se conoció el positivo por doping en los Panamericanos, a ella le tocó salir de la villa deportiva y pagar hotel en Toronto de su propio bolsillo.

María Luisa afirmo  a El Colombiano que se siente como un objeto de la dirigencia del deporte colombiano, “una máquina que sirve mientras se producen medallas”. Por eso no siente en este momento ganas de correr a nombre del país y además cree que la sanción de 4 años que le impondrán es bastante tiempo, pese a que todavía no anuncia oficialmente el fin de su carrera.

Por su parte, Jorge Ovidio González, gerente de Fedeciclismo, recalcó a Antena 1 que Calle era la única responsable de su defensa en el caso “porque fue ella la que se dopó, no Coldeportes, el COC o la Federación; a su vez dijo que no iba a tener efecto que intervinieran, pues se trató de un doping legítimo y comprobado.

La ciclista antioqueña pidió a los colombianos que sigan creyendo su inocencia, como lo hicieron cuando recuperó la medalla olímpica”.

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